POR MARÍA DEL CARMEN CALDERÓN BERROCAL, CRONISTA OFICIAL DE CABEZA LA VACA (BADAJOZ).

Cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II, es una de las figuras más complejas y controvertidas del siglo XIX español.
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1806–1878), cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II, es una de las figuras más complejas y controvertidas del siglo XIX español. Su papel como reina consorte y posteriormente como regente la situó en el centro de las transformaciones políticas que marcaron el tránsito del absolutismo al liberalismo, periodo caracterizado por intensas luchas ideológicas, conspiraciones y ambiciones personales. A pesar de la imagen piadosa y conservadora que proyectó en vida, su trayectoria política y privada revela un entramado de intereses económicos y decisiones moralmente cuestionables que condicionaron la política española durante décadas.
Orígenes y formación
Nacida en Palermo el 27 de abril de 1806, María Cristina era hija de Francisco I de las Dos Sicilias y de María Isabel de Borbón, hija del rey Carlos IV de España y, por tanto, hermana de Fernando VII. Su educación en la corte napolitana fue esmerada, aunque más orientada hacia la cultura y la religión que hacia la política. Desde joven desarrolló una visión autoritaria del poder, convencida de que el orden social debía sostenerse bajo gobiernos firmes y jerárquicos.
El marqués de Villa-Urrutia la describió como una mujer de elegancia natural, de facciones agradables y porte distinguido, cuya presencia destacaba en los ambientes cortesanos. Sin embargo, su atractivo físico se acompañaba de una inteligencia práctica y una notable capacidad de adaptación a las circunstancias, rasgos que serían determinantes en su posterior actuación política.
Matrimonio con Fernando VII
Tras el fallecimiento de María Josefa Amalia de Sajonia en 1829 —tercera esposa de Fernando VII—, se planteó la necesidad de un nuevo enlace que asegurara la continuidad dinástica. Por mediación de Luisa Carlota de Borbón, hermana de la reina de Nápoles, se propuso el matrimonio entre Fernando VII y su sobrina María Cristina. El enlace se celebró en Aranjuez el 11 de diciembre de 1829, cuando el rey contaba con 45 años y la joven princesa con 23.
La llegada de María Cristina fue recibida con cierta esperanza por los sectores liberales, que vieron en ella una posible moderación del absolutismo real. Su primer embarazo consolidó esa expectativa: el 30 de octubre de 1830 dio a luz a Isabel, futura Isabel II, lo que llevó a Fernando VII a promulgar la Pragmática Sanción de 1789, restableciendo el derecho sucesorio femenino y dejando sin efecto la Ley Sálica. Posteriormente, en 1832, nacería su segunda hija, Luisa Fernanda.
Durante los últimos años de reinado de Fernando VII, María Cristina desempeñó un papel político creciente, especialmente tras la enfermedad del monarca en 1832, momento en que fue designada gobernadora del reino. Su intervención fue decisiva para mantener la legitimidad de su hija frente a las aspiraciones del infante Carlos María Isidro, lo que daría origen a las guerras carlistas.
La Regencia (1833–1840): entre el poder y la inestabilidad
Tras la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, María Cristina asumió la Regencia en nombre de su hija Isabel, de apenas tres años. Su gobierno se inauguró en un contexto sumamente convulso: la proclamación de Isabel como reina fue contestada de inmediato por los partidarios del infante Carlos María Isidro, hermano del monarca fallecido, quienes negaban la validez de la Pragmática Sanción. El conflicto derivó en la Primera Guerra Carlista (1833–1840), que enfrentó a absolutistas y liberales por el control de la legitimidad dinástica.
En sus primeros años como regente, María Cristina intentó mantener un difícil equilibrio entre los distintos sectores políticos. Nombró a Francisco Cea Bermúdez como jefe de gobierno, con el propósito de conservar la estabilidad y contener el estallido carlista. No obstante, la necesidad de apoyo militar y financiero la obligó a acercarse progresivamente a los liberales moderados, lo que supuso una ruptura definitiva con los realistas y absolutistas que habían sostenido el trono de su esposo.
El ascenso del general Baldomero Espartero y la consolidación de los liberales exaltados marcaron el punto culminante del proceso de transformación política. En 1836, el motín de La Granja obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y aceptar un gobierno de orientación progresista. Desde ese momento, su posición se tornó cada vez más precaria: era vista con recelo tanto por los absolutistas —que la consideraban traidora a su linaje— como por los liberales —que la acusaban de obstaculizar las reformas necesarias para la modernización del Estado—.
El matrimonio secreto con Fernando Muñoz y su repercusión política
Pocos meses después del fallecimiento de Fernando VII, la reina viuda contrajo matrimonio morganático y secreto con Fernando Muñoz y Sánchez, un joven sargento de la Guardia de Corps, el 28 de diciembre de 1833. Este enlace, mantenido en la clandestinidad durante los primeros años de la Regencia, tuvo profundas consecuencias políticas y sociales.
Cuando la unión se hizo pública, hacia 1836, generó un auténtico escándalo en la corte y minó gravemente la autoridad moral de la regente. La aristocracia y buena parte de la opinión pública consideraron inaceptable que la viuda del monarca se casara con un hombre de origen humilde y sin linaje noble. A pesar de ello, María Cristina tuvo con Muñoz varios hijos, a quienes intentó dotar de títulos y privilegios, incrementando las tensiones con las élites tradicionales.
El matrimonio con Muñoz simbolizó también el creciente aislamiento político de la regente. Su entorno se transformó en un círculo cerrado de intereses familiares y económicos, en el que Muñoz —nombrado duque de Riansares en 1844— desempeñó un papel decisivo en la administración de sus bienes. Este episodio, que escandalizó a las cancillerías europeas, deterioró su imagen ante la opinión pública y facilitó el ascenso de los sectores liberales más radicales, deseosos de limitar la influencia de la Corona.
Abdicación de la Regencia y exilio en Francia
La presión política y militar aumentó con el avance de los carlistas y la consolidación del liderazgo del general Espartero. Incapaz de mantener la cohesión del gobierno ni de conservar el apoyo del ejército, María Cristina abdicó de la Regencia el 12 de octubre de 1840 y marchó al exilio en Francia, acompañada de Fernando Muñoz y sus hijos.
Durante su estancia en París, la antigua regente mantuvo una intensa actividad económica. A través de intermediarios y de su red de contactos con banqueros franceses y españoles, acumuló una considerable fortuna mediante operaciones financieras, especulación con bienes nacionales y concesiones ferroviarias. Estas actividades fueron duramente criticadas en la prensa liberal española, que la acusaba de haber convertido su posición regia en un instrumento de enriquecimiento personal.
A pesar de su retirada formal, María Cristina continuó interviniendo en la política española. Mantuvo correspondencia con influyentes figuras del moderantismo y financió operaciones destinadas a favorecer la restauración de un gobierno favorable a sus intereses. Su regreso a España en 1844, coincidiendo con la mayoría de edad de Isabel II, fue interpretado como un intento de recuperar influencia en la corte, pero su prestigio estaba ya gravemente deteriorado.
Evaluación histórica y legado
El papel de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias en la historia de España ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas. Mientras que algunos historiadores subrayan su papel como figura de transición entre el Antiguo Régimen y la monarquía constitucional, otros la presentan como una regente ambiciosa y pragmática, más preocupada por la preservación de su posición y riqueza que por el bienestar del reino.
Su regencia dejó un legado ambiguo: bajo su tutela se consolidó la monarquía isabelina y se promulgó el Estatuto Real de 1834, preludio del constitucionalismo liberal; sin embargo, su gestión estuvo marcada por la corrupción, el clientelismo y la inestabilidad institucional. Su figura encarna las contradicciones del liberalismo español del siglo XIX, un régimen que buscaba modernizar el Estado mientras mantenía las estructuras de privilegio y poder heredadas del absolutismo.
María Cristina falleció en Le Havre (Francia) el 22 de agosto de 1878, lejos de la corte que un día dominó. Su memoria histórica continúa siendo objeto de debate: símbolo para algunos de la continuidad dinástica y del papel femenino en la política, y para otros, ejemplo paradigmático de la utilización del poder como medio de beneficio personal.
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