Recién concluido el sesquicentenario que hoy nos llevaría al año 1875, en aquel mundo parragués tan rural siempre quedaba constancia de alguna miseria social.

Es el caso en el año 1876 de la vecina del pueblo de Bode, María del Valle Díaz, conocida por “La Paloma”, huérfana de padres, enferma, pobre de solemnidad y demente, sin más auxilio que la caridad pública, y que estaba tan lisiada que no podía ni pedir limosna por los caminos, por lo que se buscó “el medio más seguro y económico” para trasladarla al Hospital Provincial.

Por los mismos días había llegado a su casa paterna de Cividiello el joven Gabriel, licenciado del ejército, con problemas mentales y con un brazo lleno de úlceras.

El listado de pobres crecía cada mes y las ayudas municipales se extraían del capítulo de beneficencia y del de imprevistos para aliviar la pobreza.

Ejemplo de honradez fue el de Ambrosio González Cueto, de Las Coronas, que se presentó a las autoridades con su hijo Manuel González Covián (nº 87 de reemplazo) para que éste se incorporase a filas, pues cuando le correspondía hacerlo se había librado por no dar la talla, pero ahora ya sí la daba y podía sumarse a los jóvenes que se incorporaban al ejército. Curiosamente en un concejo donde el número de jóvenes que no se presentaban cuando les correspondía era altísimo, sumando -año tras año- alarmantes cifras de prófugos.

Decenas de jóvenes emigraban cada año en busca de trabajo y mejor suerte, sobre todo a “las Américas”, como se demostraba cada año en los expedientes de quintas para el Servicio Militar.

Así se mantuvo durante muchos años esta circunstancia, puesto que décadas después -concretamente en 1911- el número de mozos de Parres que no se presentaron para ser tallados y servir en el ejército seguía siendo alarmante, siendo declarados prófugos ochenta y tres jóvenes cuyos datos se conservan con sus nombres y apellidos, junto con el de sus padres y el pueblo de nacimiento.

A veces el número de prófugos casi superaba a los que se presentaban a tallarse, a pesar de conocer los castigos a los que deberían hacer frente si los encontraban (incluso a sus padres si eran cómplices).

Eran multados los parragueses que no acudiesen a las cacerías programadas contra determinadas especies.

Existía un apartado denominado “animales dañinos”, y se pagaba por su captura; así -en 1878- por una loba muerta se pagaban 10 pts.; 7,50 por un lobo; por un zorro 2,50 (si era hembra, 3,50 pts., la misma cantidad que por un águila).

A veces la picaresca entraba en juego, y el Ayuntamiento decidió que el alcalde o comisionado del pueblo y el cura certificasen que dicha caza se ajustaba a la normativa.

En agosto de 1876 se dispuso de medios económicos para abonar la deuda que tenía el Ayuntamiento con la cárcel de Cangas de Onís por el sostenimiento de presos pobres del concejo de Parres, para los pagos atrasados al personal médico, gastos de oficina, reparación de puentes y por desprendimientos habidos en el lugar del rabión conocido como La Raíz, en el río Sella muy cerca de Arriondas.

En 1877 nos encontramos a Manuel -un vecino de San Juan de Parres- que se presentó en el ayuntamiento diciendo que los vecinos le habían elegido como celador, pero que no sabía leer ni escribir, y que sólo llevaba cinco meses en el pueblo, desde el día que allí se había casado. El consistorio aceptó su reclamación y ordenó la repetición de la elección “porque muy mal podrá hacer saber a los convecinos el contenido de una orden el que no sabe leerla”, dijeron.

Los muchos puentes del concejo se llevaban en cada ejercicio buena parte del presupuesto; puentes de madera, por supuesto, y -en algunos casos- de original denominación; así, para reparar el puente del “Castañar de García”, en La Quintana, se abonaron 75 pts.; 50 pts. de subvención para la construcción de otro sobre “el río temporero”, en San Pedro de Bode, y otras 40 para el puente sobre el río de Cayarga, para pasar a la iglesia de este nombre.

Dos años antes, por el puente que había en La Sala, a la entrada de Arriondas, se le habían abonado 89 pts. a don Antonio Hevia.

En 1878 se convocaron en Arriondas dos plazas para municipales; las condiciones de su trabajo eran las siguientes: Turnarse por semanas para acudir diariamente a ejecutar las órdenes administrativas; ultimar “sin levantar mano” los expedientes de apremio de los contribuyentes morosos, en cuyos trabajos se ocuparían las semanas que no tuviesen turno de porteros, el cual incluía vigilar a los presos y detenidos del depósito municipal (calabozo), además de barrer y limpiar la Casa Consistorial, tanto arriba como abajo. Por ese trabajo percibían 125 pts. anuales, a cobrar por trimestres. Además del sueldo percibían el 6% de las cantidades que consiguiesen cobrar a los morosos a lo largo de todo el concejo.