POR ANTONO BOTÍAS SAUS, CRONISTA OFICIAL DE MURCIA.

En los estertores del franquismo y con Adolfo Suárez en la Moncloa, el mapa de Cataluña generaba una particular inquietud en el Ministerio de Gobernación. La amenaza no solo era ETA. También el renacer de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en el cinturón industrial de Barcelona, el Baix Llobregat, que reclamaba con fuerza la supremacía social y los derechos obreros.
La frase lapidaria de un ministro de la época –«Tenemos dos problemas, ETA y el Baix Llobregat»– resumía el pánico del Estado ante un anarquismo que, tras años de represión, volvía a movilizar a miles de trabajadores. Y para algunos la solución, más que en manos de los políticos, estaba en las cloacas del Estado. Había que acabar con los anarquistas.
El elegido para la tarea fue Joaquín Gambín, un delincuente común liberado por la amnistía de 1977 y natural de la pedanía murciana de Rincón de Seca. Gambín, apodado ‘El Grillo’, había usado su tiempo en prisión para mimetizarse en el entorno anarquista, incluso ganándose la confianza de algunos presos de la CNT con una huelga de hambre.
Con 45 años, sin recursos y bajo el radar del Estado, fue el blanco ideal. El comisario José María Escudero Rejada, jefe del grupo antianarquista de la Brigada Central de Información, lo reactivó con una misión quirúrgica: constituir una célula terrorista de carácter anarquista y ejercer de informante para desmantelar otros grupos activos. Su trabajo fue demoledor: delató a numerosos anarquistas por todo el país y, lo que es más grave, se convirtió en el ingeniero de una tragedia.
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