Solo habían transcurridos dos meses desde que Chiclana fue ocupada por los franceses, cuando un asunto de gran trascendencia llegaba a la sesión de cabildo del día 11 de abril de 1810, tal día como hoy. La industria más potente de la villa, las bodegas, era objeto de debate. Un decreto anterior del prefecto de la provincia ordenaba la requisición de los bienes de los emigrados a Cádiz –vecinos o avecindados de Cádiz que pasaron a la capital antes de la llegada de los franceses a Chiclana–, entre ellos, el vino de sus bodegas.

Se presentó un memorial [instancia] de Fernando Díaz de Bustamante, comisario del barrio de la Vera del río y administrador de una bodega de un emigrado –que ya había protestado por tal motivo– para que «se registren todas las Bodegas y tiendas publicas de esta villa aforándose sus vinos y embargándose todo el que se encuentre maliciosamente oculto». La solicitud no cogía desprevenidos a los munícipes, pues tenían conocimiento del grado de ocultación de vino, aguardiente y vinagre en la población. Sin embargo, frente a la denuncia, era preciso actuar ante los vecinos y ante los franceses.

Así, acordaron nombrar una comisión compuesta por el munícipe Benito García de Quijano –como diputado del ramo del vino–, el propio solicitante y Manuel Calleja «en calidad de peritos, junto con el Alguacil mayor y la presencia de un escribano, [para que] se pasen y hagan el reconocimiento de las Bodegas que se solicitan». Los regidores daban por terminado el punto diciendo en términos ambiguos: «… y se de cuenta con lo que resulte a esta Municipalidad para determinar lo conveniente». Es decir, se estudiaría la situación y en consecuencia se denunciaría o apremiaría a los infractores. No consta ninguna denuncia.