POR ANTONIO LUIS GALIANO, CRONISTA OFICIAL DE ORIHUELA

Este negocio que está ahora tan en boga y que por lo visto debe ser muy rentable, siempre ha existido como tal. Por suerte o por desgracia, al igual que las funerarias que, desde inmemorial nunca les ha faltado clientela pues al final todos salimos con los pies por delante, el ser humano es generador de inmundicias que más tarde o temprano deben ser recolectadas y tratadas. Sabemos que hay otros tipos de inmundicias como sinónimo de deshonestidad que arrastran a las personas haciéndolas caer en lo más bajo de su propio pozo negro, perdiendo así toda clase de calidades y virtudes, situándolas en umbrales delictivos a los que se llega sin ningún tipo de escrúpulos en beneficio de su propio interés, convirtiéndolas también en basura.

Si bien, antes había que arañar las calzadas para rescatar el polvo y la basura, ahora, este negocio es más sofisticado, recurriendo a elementos y nuevas tecnologías que serían impensables para nuestros antepasados. Sin embargo, no quedaba en olvido los ingresos que la contrata podía proporcionar a las arcas municipales, ni el posible y justo beneficio para aquél, que en épocas pasadas tomaba como profesión el ser arrendador de las basuras.

Todo lo anterior, nos viene a colación al analizar los capítulos en los que se debía basar el arrendamiento del impuesto de basuras en 1879, así como el pliego de condiciones con el mismo cometido, redactado tres años después.

Situémonos en agosto del primero de estos años, dos meses antes de que el Segral mironiano, o el lobo sanvicentino hiciera de nuevo una de las suyas en la festividad de Santa Teresa, dejando desolación en la ciudad y la huerta oriolanas. Siendo alcalde Matías Rebagliato y Sorzano, el 23 de agosto de 1879 se pregonó por Juan Antonio Moreno, los capítulos para el arriendo del impuesto sobre la basura por la cantidad de 1.500 pesetas, que habían sido aprobados trece días antes, y que tendría como vigor desde el 1 de julio de ese año hasta el 30 de junio del siguiente. Aunque la fecha de vigencia del arriendo era anterior, se hacía constar que el arrendador tomaría posesión desde el 1 de septiembre y a prorrata se le descontaría de la cantidad adjudicada la sexta parte equivalente a los dos meses transcurridos. Asimismo, se le exigía el pago adelantado de una mesada y otra como fianza, que serviría para el pago del último mes. Cantidad esta que perdería si incumplía, junto con 100 pesetas que habían sido consignadas en la depositaría municipal para poderle ser admitida su postura. El arrendador podía cobrar 50 céntimos por cada semana a aquellos que recogieran con caballerías basura por las calles y caminos, una peseta a los denominados como ‘capaceros’ y 25 céntimos a los vecinos que introdujeran en sus casas la basura procedente del barrido de las fronteras de sus fachadas. Todos ellos, excepto los que tenían sus casas en caminos, estaban exentos de reparar las calles que se deterioraban por la recogida de la basura. Ahora bien, el arrendador estaba en su derecho de exigir que las escobas que se usaran fueran de bolaga o torvisco, no permitiendo las de palma, ya que estas socavaban dichas calles y los caminos. Esta exigencia era lógica, puesto que el arrendador se obligaba a reparar los daños que se produjeran en el pavimento por utilizar escobas prohibidas, fesetas u otras herramientas no permitidas, teniendo obligación de denunciarlo o en caso contrario si era conocedor del hecho sería considerado como cómplice y castigado con 25 pesetas de multa.

Por otro lado, la hora de recogida de la basura sería desde la salida hasta la puesta del sol, estando prohibido el hacerlo por las noches. Asimismo, todos los días festivos, antes de las 8 de la mañana se debía recoger la basura que quedase en las calles a consecuencia del barrido de las mismas. En las fechas en que se celebrase alguna procesión, media hora antes de la salida de la misma, el arrendador tenía que procurar que la carrera estuviera limpia. Por último, a dicho arrendador le correspondía la recaudación del impuesto de basura, debiendo entregar un talón personal e intransferible, en el que se haría constar algunos capítulos del arrendamiento, para que los basureros no pudieran alegar ignorancia.

En la sesión celebrada el 19 de octubre de 1882, siendo alcalde Tomás Soler y Mas, el teniente de alcalde Daniel Aliaga apuntaba la necesidad de arrendar las basuras de las calles, con la obligación de repararlas empleando grava de calidad, evitando así al municipio el gasto que ocasionaba la reparación del deterioro que ocasionaban los que se dedicaban a recoger dichas basuras, por querer «aprovechar el polvo que en las mismas se produce», empleando para ello facetas u otros instrumentos. Por lo visto, el asunto era bastante rentable, pues al arrendador se le favorecía con poder decomisar el polvo o la basura recogida, tanto en las calzadas como en las puertas y aceras, así como los escombros que fueran arrojados por los vecinos procedentes de las obras que ejecutaran, y el estiércol que se extrajera de las casas si estaba almacenado en la vía pública.

En esta ocasión la garantía para poder pujar para el arriendo fue de 250 pesetas por cada uno de los barrios, y se exigía al arrendador que los carros, caballerías y demás enseres fueran de su propiedad. Por otro lado, quedaba fuera de la contrata el arreglo de las plazas de Monserrate, Santiago y del Carmen, que lo serían a cargo de Municipio. Dicha contrata fue adjudicada a Francisco Almodóvar, tras la renuncia de Antonio Galindo y Ginés Sánchez.

Siempre la basura ha sido un negocio provechoso, en el que algunos, no todos, han sabido rentabilizarlo en propio beneficio haciendo válida cualquier circunstancia para ello.

Fuente: http://www.laverdad.es/