LA FACTURA OLVIDADA DE LA SUBLEVACIÓN CANTONAL EN CARTAGENA (MURCIA)
POR LUIS MIGUEL PÉREZ ADÁN CRONISTA OFICIAL DE CARTAGENA (MURCIA).
Cada mes de julio, cuando se recuerda el comienzo de la Insurrección Cantonal, Cartagena vuelve a mirar de frente una de las páginas más duras y decisivas de su historia. Seis meses de sublevación, casi tres meses de bombardeo continuo, más de 30.000 proyectiles lanzados por las baterías centralistas y una ciudad herida hasta los cimientos. No fue un episodio local ni una revuelta pintoresca: fue una revolución que quiso cambiar el rumbo del Estado español y empujarlo hacia una República Federal.
Pero hoy conviene detenerse en una pregunta menos épica y mucho más concreta: ¿Cuánto costó levantar Cartagena después de aquel infierno?
Un legajo conservado en el Archivo Municipal de Cartagena nos permite asomarnos a esa realidad con una precisión casi contable. En él se detallan las reparaciones efectuadas con una ayuda de 125.000 pesetas concedida por el Gobierno nacional para atender los daños ocasionados por los bombardeos en edificios de beneficencia, culto y asistencia pública. La equivalencia razonable por poder adquisitivo sería:
125.000 pesetas de 1874 ≈ 750.000 euros actuales, redondeando. El cálculo serio no es dividir por 166,386 —eso solo daría 751,86 € nominales, una cifra absurda históricamente— sino actualizar por precios/salarios. MeasuringWorth ofrece comparaciones para España desde 1850 con IPC, deflactor PIB, salarios, PIB per cápita y peso sobre PIB; además recuerda el cambio oficial de 166,386 pesetas = 1 euro. Como referencia contrastada, 30.000 pesetas de 1870 equivalían en 2021 a 146.844 € por IPC. Escalando a 125.000 pesetas, salen unos 611.850 € en 2021. Actualizado con el IPC español hasta 2026 —el INE sitúa el IPC adelantado de junio de 2026 en el 3,2% interanual— queda en torno a 740.000-760.000 €.
Aquellas 125.000 pesetas de 1874 equivaldrían hoy, en términos de poder adquisitivo, a unos 750.000 euros; y si se midiera por salarios o peso económico, la cifra sería todavía bastante mayor, llegando incluso a superar el millón de euros.
Aquella cantidad se destinó a reparar algunos de los edificios más sensibles de la ciudad: la iglesia de Santa María de Gracia, la Casa de Misericordia, el Hospital de Caridad, la iglesia del Carmen, la Casa de Expósitos, la iglesia de San Diego, el Asilo de Niñas, la Iglesia Catedral y la Casa Palacio de los Cuatro Santos. Es decir, no hablamos de ornamento ni de comodidad urbana. Hablamos de templos, hospitales, casas de acogida y centros de asistencia. La metralla había golpeado donde más dolía: en los lugares donde la ciudad rezaba, curaba, recogía a los pobres y protegía a los niños.
Las obras estuvieron supervisadas desde el Ayuntamiento por el arquitecto municipal Carlos Mancha, figura clave para entender la reconstrucción material de aquella Cartagena devastada. El informe no se limita a consignar una cantidad global. Detalla minuciosamente los salarios de los trabajadores y los materiales empleados: madera, ladrillos, portes y otros gastos imprescindibles para devolver estabilidad a edificios dañados por el fuego artillero. La historia, aquí, baja del pedestal y se convierte en jornal, tablón, andamio y carro de transporte.
Ese detalle administrativo tiene un enorme valor. Nos demuestra que la reconstrucción no fue un gesto simbólico ni una operación improvisada, sino una tarea organizada, técnica y fiscalizada desde el Ayuntamiento. Cartagena no se levantó por arte de magia. Se reconstruyó con cuentas, con manos, con oficios y con una disciplina municipal que hoy merece ser recordada.
Y aun así, aquellas 125.000 pesetas solo cubrían una parte mínima del desastre. Si esa cantidad fue necesaria para intervenir en edificios religiosos y asistenciales concretos, cabe imaginar el coste total de reparar viviendas, comercios, cuarteles, almacenes, calles, infraestructuras portuarias y servicios urbanos. La ciudad había quedado prácticamente arrasada. En muchos puntos, las casas no necesitaban una reparación: necesitaban volver a existir.
La ayuda llegada desde Madrid fue importante, pero insuficiente frente a la magnitud del daño. De la administración provincial murciana, como tantas veces en la historia de Cartagena, llegó poco entusiasmo y menos músculo. La ciudad tuvo que recurrir de nuevo a su propia energía económica y moral. Y ahí volvió a aparecer la gran reserva de futuro de este territorio: la Sierra Minera de Cartagena-La Unión.
El nuevo impulso minero de finales del siglo XIX permitió movilizar capitales, generar empleo, atraer inversiones y devolver pulso económico a una ciudad que había estado al borde del colapso. Plomo, plata, fundiciones, comerciantes, empresarios y trabajadores fueron alimentando una recuperación que no solo reparó ruinas, sino que abrió paso a una nueva Cartagena urbana, burguesa, industrial y modernista.
Por eso este documento municipal tiene tanta importancia. Porque nos ayuda a comprender que el esplendor posterior de la ciudad no surgió de la nada. Nació, en buena medida, como respuesta a una destrucción brutal. Cartagena no se embelleció por vanidad, sino por supervivencia. Cada fachada levantada, cada templo reparado, cada institución asistencial reabierta y cada calle devuelta al tránsito formaron parte de una misma operación histórica: demostrar que la ciudad seguía viva.
A los 153 años del comienzo de la Insurrección Cantonal, conviene mirar este episodio sin caricaturas. El Cantón fue una revolución política de alcance nacional, pero también dejó una factura humana, urbana y económica gigantesca. Y esa factura la pagaron, en gran parte, los propios cartageneros.
Cartagena ha sido destruida varias veces a lo largo de su historia. Pero pocas ciudades pueden presumir de haber resucitado tantas veces con tanta dignidad. Y ahí está, quizá, la verdadera lección de aquel legajo: que las ciudades no se reconstruyen solo con dinero. Se reconstruyen con memoria, con trabajo y con una voluntad colectiva que, en Cartagena, parece venir de muy antiguo.
