POR JOSÉ MARÍA SAN ROMÁN CUTANDA, CRONISTA OFICIAL DE LAYOS (TOLEDO).

La pérdida de población que sufren numerosos municipios de nuestro país, en su mayor parte rurales, pero también en algunas ciudades y capitales de provincia, se ha convertido en una cuestión relevante que se aborda de manera transversal en las políticas nacional y autonómicas y también en el marco de numerosas iniciativas locales. Las aportaciones normativas novedosas, destinadas a paliar este fenómeno desde la región castellano-manchega, quedan recogidas aquí, de la mano del cronista oficial de Layos (Toledo).

Uno de los fenómenos demográficos más preocupantes para la geografía política española es el de la despoblación del medio rural, entendida, en definición de Carchano y Carrasco, como “la pérdida de población de un espacio entre dos periodos de tiempo observados”. Este fenómeno viene desarrollándose en todo el territorio nacional, y concretamente en Castilla-La Mancha, fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX. Y ello,  según Delgado Urrecho, por razón de dos procesos paralelos: uno, el de industrialización conducente a la esfera capitalina; otro, el de mecanización y consiguiente mayor productividad de la actividad agrícola en detrimento de la mano de obra humana. Igualmente, influyen otras situaciones relacionadas y semejantes como el desequilibrio a la hora de ubicar los centros de los distintos servicios de primera necesidad para los habitantes de los municipios, el descenso de la presencia económica en el entorno rural o la dispersión de los usuarios de servicios como los sanitarios o los escolares, que ha provocado que éstos se reduzcan y concentren en núcleos céntricos con mayor densidad de población.

Para que el lector pueda hacerse una idea aproximada de las cifras en torno a las que nos movemos, por ejemplo Castilla-La Mancha tiene 79.462 km2 de extensión, 919 municipios y una población a uno de enero de 2021, según el INE, de 2.047.792 habitantes, habiendo subido esta cifra con respecto al año anterior en 2.571 personas. Más del 90% de su geografía es rural, y más del 50% de sus municipios tiene menos de 500 habitantes. A juicio de Carchano y Carrasco, los últimos datos concretos de Castilla-La Mancha antes de la pandemia, del año 2019, ya parecen indicar un ligero crecimiento demográfico en la región, si bien las proyecciones pueden sufrir una involución cuya consecuencia sería llegar al año 2033 con unos sesenta mil habitantes menos.

Ya desde el año 2004 esta importante región ha dictado normas en relación con la materia, como son la Ley de Explotación Agraria y Desarrollo Rural (2004) o la Ley de Estímulo Económico en Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha (2017). Igualmente, en 2020 se firmó por parte del Gobierno regional con la Cecam, CCOO, UGT, Recamder y FEMP-CLM un Pacto de unidad social y económica contra la despoblación.

Finalmente, ha visto la luz la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, cuyo objeto es “regular y establecer principios de actuación y medidas tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural
en Castilla-La Mancha, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así como a garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial”. Su criterio de zona despoblada se divide en cuatro: escasamente pobladas (densidad de población menor a 12,5 habitantes por km2 , de los que son de 0 a 8 en grado extremo y de 8 a 12 de grado intenso), en riesgo de despoblación (entre 12,5 y 20 habitantes por km2 ),intermedias (entre 20 y 50 habitantes por km2 ) y periurbanas (a partir de 50 habitantes por km2 ).

Además del blindaje de los servicios públicos y el apoyo al mundo empresarial, esta norma, muy en la línea de los objetivos de cohesión del TFUE y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), merece ser destacada por su condición de pionera, puesto que, por primera vez en nuestro país, introduce entre sus reformas más importantes las referentes al campo fiscal.

Así como el texto de la ley tiene un carácter más cercano a lo programático, lo cierto es que a través de trece disposiciones finales traslada su contenido a realidades concretas. La disposición final novena, que modifica la Ley de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, recoge las concreciones fiscales de la norma, entre las que destacan: deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF de entre el 15 y el 25% para residentes en zonas de extrema o intensa despoblación; deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF del 15% por adquisición de vivienda habitual en zonas rurales escasamente despobladas de menos de cinco mil habitantes —con base máxima total de 180.000 euros; deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF de 500 euros por traslado de la residencia habitual a una zona escasamente poblada; aplicación del tipo reducido del 6% a las transmisiones de inmuebles que sean primera vivienda habitual; aplicación de tipos entre el 1 y 3% para transmisiones de inmuebles dedicados a locales de negocio; aplicación del tipo de 0,75% para las primeras copias y actas notariales de adquisición de primera vivienda habitual y de entre el 0,10 y el 0,25% para las de local de negocio en zonas despobladas; y bonificación del ITPAJD para actuaciones en suelo industrial y terciario en zonas rurales.

Hay que señalar, además, que la sensibilización por este asunto también se ha despertado en colectivos de la sociedad civil. Por ejemplo, la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha ha creado unos premios llamados Broches gastronómicos, cuyo fin es premiar a restaurantes de la región en zonas rurales despobladas y cuyas
cartas, recetas y productos sean netamente castellanomanchegos.

Bibliografía consultada:
Aparicio Guerrero A. E.; García Marchante, J.S. “La despoblación del medio rural en Castilla-La Mancha: estado de la cuestión y propuestas de dinamización socioeconómica”. En Treinta años de Política Agraria Común en España: Agricultura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad (Coord. Ángel Raúl Ruiz Pulpón, Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo, Julio Plaza Tabasco). Asociación de Geógrafos Españoles. Ciudad Real, 2016, pp. 457-472.
Carchano, M.; Carrasco, I. “La economía social y la industria agroalimentaria como factores de resiliencia de la población en Castilla-La Mancha”. En Despoblamiento y desarrollo rural. Propuestas desde la Economía Social (Coord. Gemma Fajardo García y Jaime Escribano Pizarro). CIRIEC España. Valencia, 2020, pp. 67-85.

Delgado Urrecho, J.A. “Más allá del tópico de la España vacía: una geografía de la despoblación”. En Informe España 2018. Universidad Pontificia de Comillas y Cátedra José María Martín Patino. Madrid, 2018, pp. 233-294.

FUENTE: http://femp.femp.es/files/842-364-fichero/Carta%20Local%20n%C2%BA%20347,%20junio%202021.pdf