POR JOAQUÍN CARRILLO ESPINOSA, CRONISTA OFICIAL DE ULEA (MURCIA)

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, se observó un incremento notable de vagabundos y personas mal intencionadas, en distintos pueblos de la región.

Por tal motivo, el Obispo de Cartagena (Murcia), Diego de Rojas y Contreras se entrevistó con las autoridades políticas, con el fin de reconducir la relajación de costumbres que tanto mal ocasionaban a la sociedad, en general y, a las personas decentes, en particular.

De esa reunión conjunta, salió el compromiso de nombrar un comisionado, cargo que recayó en el Corregidor del Obispado de Cartagena, el cual recabó información de los curas párrocos de la provincia y de todas las personas celosas de Dios y del Rey.

En el año 1765, el Obispo de Cartagena envió un edicto al cura párroco de Ulea Miguel Tomás Abenza, para que al alimón con la corporación municipal, presidida por el Alcalde Joaquín Miñano Pay, controlaran a las personas del pueblo que no trabajaban y, estando bien de salud, se dedicaban a vagabundear por las calles.

En dicho edicto, les urgía a que quien no se aviniera a acatar las normas de buena conducta ciudadana, se les arrestara y pasaran a ser custodiados por Juan de Lerma, comisario de guerra, con una nota en la que constara la relación nominal y los cargos que se les atribuía.

El Conde Atendolo Bolognino, de ascendencia italiana, Gobernador Político y Militar de Cartagena, fue el encargado de confeccionar la citada relación de vagos, viciosos y mal entretenidos, un día 26 de mayo de 1765, según consta en el Archivo Histórico Provincial de Murcia, en el epígrafe: Notariado número 6634.